No siendo quizás el mejor momento para
abordar este fundamental elemento sectorial, debido a la tormenta mediática
sobre la corrupción que arrecia especialmente contra las EPS, pero que estamos
seguros no mantiene indemnes ni a entes territoriales ni a prestadores públicos
y privados, desde CONSULTORSALUD nos atrevemos a recomendar una revisión estratégica
del problema, tratando de no seguir dando machetazos solamente contra las ramas
del mal, mientras que una de sus raíces principales se mantiene oculta y prospera,
envalentonando posturas irreconciliables entre actores del sistema que siempre
han debido y deben ser aliados indiscutidos.
En Colombia no hemos hecho la tarea completa
de recalcular mediante un estudio actuarial, la revisión de la carga de
enfermedad, la documentación de frecuencias de uso y abuso de servicios, la
capacidad de compra local y regional que tiene la UPC, el riesgo individual de
cada ciudadano protegido, y el apalancamiento financiero que realizan los
aseguradores y prestadores al propio Estado por cuenta de los recobros de tecnologías
no incluidas en el POS.
A CONSULTORSALUD le resulta claro, que si
existen evidencias antiguas y frescas, que muestran un deterioro franco, que
llega a la insuficiencia de la UPC para comprar los pregonados derechos del
POS, y el más reciente podemos verlo en la aún muy joven EPS Capital Salud, que
ya agoniza en Bogotá, por cuenta de su incapacidad para atender las típicas
obligaciones del aseguramiento nacional. Aquí por lo menos, bajo la lupa
permanente del muy severo y vigilante secretario de salud del distrito, estamos
seguros que el dinero no se ha desviado, y sin embargo, sus propias
declaraciones dan fe, de la gravísima situación del aseguramiento distrital,
que transferida a la nación, coloca al Sistema de Salud, no frente a problemas
simplemente operacionales, sino estructurales en su vital componente de
financiamiento.
Podríamos estar frente a una paradoja
Estatal, en la cual, el gobierno asigna una partida que los actores públicos y
privados encargados del aseguramiento y la prestación no pueden cuestionar, y
que trae como consecuencia el enfrentamiento gremial intrasectorial, la
desconfianza generalizada, la iliquidez que no tiene remedio, y el surgimiento
de propuestas cada vez más recias sobre la necesidad de eliminar el modelo.
Queremos finalmente decir, que el reglamento
actual, promueve la falsedad documental, pues si las EPS y las ESE muestran déficit
(que podría ser el escenario en caso de una UPC insuficiente), el gobierno y
sus organismos de Inspección, Vigilancia y Control los intervienen y liquidan,
sin contemplaciones, como si esta medida, fuera a solucionar el problema de
fondo.
Si el Ministerio de Salud, le entrega una
oportunidad al aseguramiento, debería razonablemente recalcular la UPC
incluyendo el riesgo de los asegurados y la región donde se efectúa el
aseguramiento, amén de su grupo etario; en este caso podrían surgir EPS a las
que el recurso les alcanza, y otras que definitivamente no tienen otro destino
que la insolvencia por vía operacional, llevando tras de sí, a la quiebra a la
red pública y privada que le sirve de parapeto temporal.
Carlos
Felipe Muñoz Paredes.
Gerente General
Consultorsalud S.A.
