Sudor y lagrimas le costó a los Comisionados que sobreviven de la Comisión de Regulación en Salud - CRES, la aprobación que acaban de producir, sobre el valor de la prima de los seguros de salud, que desde el primero de abril se pagará a las EPS del régimen contributivo y del subsidiado por cada afiliado asegurado.
Recordemos como a ultima hora el 29 de diciembre del año pasado, se expidió el acuerdo 019, mediante el cual se informaba al país entero, la realización de estudios técnicos para determinar la suficiencia de la UPC que sirve para financiar los diferentes planes de beneficios, y la sostenibilidad del sistema colombiano de salud.
Tan solo estos primeros párrafos del acuerdo, levantaron una agria controversia entre diferentes actores públicos y privados, pues la CRES tuvo que invertir millonarios recursos, y acudir a la academia nacional universitaria, para evaluar los informes presentados por las EPS, mostrando una incapacidad resolutiva evidente, que la ha hecho por este y otros motivos, acreedora a un llamado por parte del Congreso que se surtirá el día de mañana, para dar explicaciones sobre los escasos resultados de la gestión de esta comisión de expertos.
Pero volvamos al tema, pues ese acuerdo 019, fue uno de los detonantes de la honda crisis sectorial, ya que a través de el, se hicieron evidentes, una serie de inconsistencias en la información reportada por algunas EPS sobre frecuencias de uso y gasto médico, que afectaban la confiabilidad de las cifras, y por lo tanto no le permitían a los comisionados tomar decisiones sobre el futuro del valor de la UPC; producto de esta situación se aprobó por un lado, una UPC provisional que autorizó un alza del 4,25% para ambos regímenes, adoptando la inflación sectorial conocida hasta el mes de noviembre en Colombia, dando un plazo perentorio para que las EPS subsanaran las falencias y/o aclararan los hallazgos, y por otro lado y quizás mas importante que la gestión misional de la CRES, fue que esos hallazgos, puestos en conocimiento del Ministerio de la Protección Social, fueron encontrados como indicios de máxima gravedad, que hacían posible contemplar el escenario, en el que algunas EPS habrían elevado de manera ficticia el valor de los medicamentos, para presionar el incremento de la UPC por encima de los valores que tendría una operación normal de aseguramiento.
El Ministerio de la Protección Social compulsó copias de los hallazgos a los organismos de inspección, vigilancia y control, y esas investigaciones que avanzan con rigurosidad, celeridad y discreción, nos entregarán en pocos días, un diagnóstico adicional, sobre la confiabilidad de las cifras reportadas por las empresas aseguradoras, en una prueba de fuego que tiene el modelo actual en entre dicho, por la descarada cadena de corrupción que hila eslabones todos los días, y que pese a tener "ladrones" con nombres y apellidos propios, extiende un manto de duda frente al modelo y todos sus actores sin contemplación.
El acuerdo 019, amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 2011, para que se logre en ese lapso, absolver las inconsistencias y revisar los estudios técnicos nuevamente, so pena de autorizar automáticamente un incremento de la UPC, con base en la variación anual del indice de precios al consumidor con corte al 31 de diciembre de 2010, certificado por el DANE; Llegado ese día, la CRES acoge una solicitud del Ministerio de la Protección Social, y expide el Acuerdo 022, mediante el cual amplia el plazo para aprobar la UPC hasta el 15 de mayo; sin embargo los considerandos de este nuevo acto administrativo, no dejan ninguna duda, de que ya no se trata simplemente de un estudio de suficiencia, sino de una "investigación", pues pasan a cotejar la información reportada por las EPS con fuentes primarias, tales como las que producen las IPS y los proveedores de medicamentos.
Para esta fecha han estallado ya en toda la nación, focos de investigación por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a los que se sumará la Superintendencia Nacional de Salud, con el hit mas importante: la intervención de SaludCoop, la EPS mas grande y representativa del régimen contributivo en este país, que no debe hacernos olvidar a la banda de ladrones que se había enquistado en la dirección financiera del Ministerio de la Protección Social, y que se constituyeron en un cartel de recobros, que quien sabe cuantos años llevaría desangrando los recursos del Fosyga y del sistema, en complicidad con intermediarios contratados por las EPS, para gestionar estos tramites derivados de amplias y conocidas aprobaciones y exigencias judiciales.
Fieles a nuestra filosofía y a la política editorial, CONSULTORSALUD no genera ningún tipo de especulación sobre otros actores o subsectores que puedan verse involucrados en estos lamentables hechos de corrupción, y en cambio ratifica su saludo y apoyo a todo el grupo de choque, conformado por los organismos que investigan, y que por primera vez, actúan de manera sinérgica, en busca de las mas hondas y oscuras raíces de este problema nacional, que invadió sin miramientos nuestro sector.
Para la CRES entonces, llegó el día anunciado en su acuerdo 022, y finalmente, presionada no solo por sus dos acuerdos temporales, sino por la citación a rendir cuentas ante el congreso de la república, aprobó un incremento a la UPC para el régimen contributivo del 3,21%, y por falta de información para el régimen subsidiado del 3,17% (es decir igual a la inflación del año 2010).
Esta decisión que ha quedado en firme, significa para el régimen contributivo, que la UPC vigente de $ 505,627 sufre una reducción de $ 5,044, que al multiplicarla por 17,9 millones de ciudadanos afiliados, le significan al Estado Colombiano un ahorro durante nueve meses del año, de alrededor de $ 67,715 millones de pesos.
Para el régimen subsidiado que tenia una UPC aprobada de $ 302,040, esta baja hasta los $ 298,911, que significan una reducción de $ 3,129 por afiliado, que multiplicados por 21,7 millones de ciudadanos protegidos en estas EPS-S, le significan al Estado Colombiano, un ahorro durante nueve meses del año, de alrededor de $ 50,924 millones de pesos, para redondear una reducción de la prima en alrededor de $ 118,640 millones de pesos entre los dos regímenes, cuya justificación técnica es absolutamente dudosa, pero que ahora tiene un amparo moral inescrutable, y unas consecuencias que estoy seguro nadie ha previsto.
Vamos terminando y saquemos algunas conclusiones: la CRES finalmente cumplió y aprobó una UPC, que nadie sabe si compra o no, la canasta de servicios de salud; tampoco tiene garantizado la CRES, que no se rajará en el exigente examen que le espera en el congreso mañana, con todas las bancadas políticas envalentonadas por los avances anticorrupción y sedientas de medios, en un ambiente claramente pre-electoral; Incluso podríamos estar frente a una de las últimas actuaciones de la comisión de expertos, que está a punto de perder por vencimiento de sus periodos, a dos comisionados, sin que el gobierno muestre interés alguno en reemplazarlos; Gana puntos la universidad que encontró las inconsistencias y las hizo públicas, haciendo gala de valor civil y dando un ejemplo a la Superintendencia Nacional de Salud que ha corrido a remediar tanta permisividad histórica, asentando un golpe tan difícil de asimilar al régimen contributivo de salud, que de sostenerse en el ámbito de la legalidad, podría traer consecuencias insospechadas para otros grandes actores del sector, que hasta ahora, eran "vacas sagradas" y porque no, incluso hacer rotar el eje de las políticas publicas sobre el particular..
CONSULTORSALUD cree que no es momento de apresuramientos, ni de actuar con cabeza caliente, sino de permitir que las autoridades actúen, estando vigilantes de la eficacia de sus medidas, para garantizar que la cirugía que ya comenzó, para extirpar ese tumor que hizo metástasis en lo público y lo privado del sector, no sea paliativa sino curativa, y podamos decidir en un gran acuerdo social, si reconstruimos el maltrecho modelo de aseguramiento dándole una oportunidad a la ley 1438 de 2011 y a las organizaciones que resulten indemnes, o si este tsunami nos llevará irremediablemente a un nuevo puerto.
Mientras tanto sigamos trabajando con ahínco, dedicación y altísima responsabilidad social, porque hay miles de colombianos que requieren a diario una oferta de servicios de excelencia.
Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
Consultorsalud
