La CRES y la UPC del 2011

Sudor y lagrimas le costó a los Comisionados que sobreviven de la Comisión de Regulación en Salud - CRES, la aprobación que acaban de producir, sobre el valor de la prima de los seguros de salud, que desde el primero de abril se pagará a las EPS del régimen contributivo y del subsidiado por cada afiliado asegurado.

Recordemos como a ultima hora el 29 de diciembre del año pasado, se expidió el acuerdo 019, mediante el cual se informaba al país entero, la realización de estudios técnicos para determinar la suficiencia de la UPC que sirve para financiar los diferentes planes de beneficios, y la sostenibilidad del sistema colombiano de salud.

Tan solo estos primeros párrafos del acuerdo,  levantaron una agria controversia entre diferentes actores públicos y privados, pues la CRES tuvo que invertir millonarios recursos, y acudir a la academia nacional universitaria, para evaluar los informes presentados por las EPS, mostrando una incapacidad resolutiva evidente, que la ha hecho por este y otros motivos, acreedora a un llamado por parte del Congreso que se surtirá el día de mañana, para dar explicaciones sobre los escasos resultados de la gestión de esta comisión de expertos.

Pero volvamos al tema, pues ese acuerdo 019,  fue uno de los detonantes de la honda crisis sectorial, ya que a través de el, se hicieron evidentes, una serie de inconsistencias en la información reportada por algunas EPS sobre frecuencias de uso y gasto médico, que afectaban la confiabilidad de las cifras, y por lo tanto no le permitían a los comisionados tomar decisiones sobre el futuro del valor de la UPC; producto de esta situación se aprobó por un lado, una UPC provisional que autorizó un alza del 4,25% para ambos regímenes, adoptando la inflación sectorial conocida hasta el mes de noviembre en Colombia, dando un plazo perentorio para que las EPS subsanaran las falencias y/o aclararan los hallazgos, y por otro lado y quizás mas importante que la gestión misional de la CRES, fue que esos hallazgos, puestos en conocimiento del Ministerio de la Protección Social, fueron encontrados como indicios de máxima gravedad, que hacían posible contemplar el escenario, en el que algunas EPS habrían elevado de manera ficticia el valor de los medicamentos, para presionar el incremento de la UPC por encima de los valores que tendría una operación normal de aseguramiento.

El Ministerio de la Protección Social compulsó copias de los hallazgos a los organismos de inspección, vigilancia y control, y esas investigaciones que avanzan con rigurosidad, celeridad y discreción, nos entregarán en pocos días, un diagnóstico adicional, sobre la confiabilidad de las cifras reportadas por las empresas aseguradoras, en una prueba de fuego que tiene el modelo actual en entre dicho, por la descarada cadena de corrupción que hila eslabones todos los días, y que pese a tener "ladrones" con nombres y apellidos propios, extiende un manto de duda frente al modelo y todos sus actores sin contemplación.

El acuerdo 019, amplió el plazo hasta el 31 de marzo de 2011, para que se logre en ese lapso, absolver las inconsistencias y revisar los estudios técnicos nuevamente, so pena de autorizar automáticamente un incremento de la UPC, con base en la variación anual del indice de precios al consumidor con corte al 31 de diciembre de 2010, certificado por el DANE; Llegado ese día, la CRES acoge una solicitud del Ministerio de la Protección Social, y expide el Acuerdo 022, mediante el cual amplia el plazo para aprobar la UPC hasta el 15 de mayo; sin embargo los considerandos de este nuevo acto administrativo, no dejan ninguna duda, de que ya no se trata simplemente de un estudio de suficiencia, sino de una "investigación", pues pasan a cotejar la información reportada por las EPS con fuentes primarias, tales como las que producen las IPS y los proveedores de medicamentos.

Para esta fecha han estallado ya en toda la nación, focos de investigación por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a los que se sumará la Superintendencia Nacional de Salud, con el hit mas importante: la intervención de SaludCoop, la EPS mas grande y representativa del régimen contributivo en este país, que no debe hacernos olvidar a la banda de ladrones que se había enquistado en la dirección financiera del Ministerio de la Protección Social, y que se constituyeron en un cartel de recobros, que quien sabe cuantos años llevaría desangrando los recursos del Fosyga y del sistema, en complicidad con intermediarios contratados por las EPS, para gestionar estos tramites derivados de amplias y conocidas aprobaciones y exigencias judiciales.

Fieles a nuestra filosofía y a la política editorial, CONSULTORSALUD no genera ningún tipo de especulación sobre otros actores o subsectores que puedan verse involucrados en estos lamentables hechos de corrupción, y en cambio ratifica su saludo y apoyo a todo el grupo de choque, conformado por los organismos que investigan, y que por primera vez, actúan de manera sinérgica, en busca de las mas hondas y oscuras raíces de este problema nacional, que invadió sin miramientos nuestro sector.

Para la CRES entonces, llegó el día anunciado en su acuerdo 022, y finalmente, presionada no solo por sus dos acuerdos temporales, sino por la citación a rendir cuentas ante el congreso de la república, aprobó un incremento a la UPC para el régimen contributivo del 3,21%, y por falta de información para el régimen subsidiado del 3,17% (es decir igual a la inflación del año 2010).

Esta decisión que ha quedado en firme, significa para el régimen contributivo, que la UPC vigente de $ 505,627 sufre una reducción de $ 5,044,  que al  multiplicarla por 17,9 millones de ciudadanos afiliados, le significan al Estado Colombiano un ahorro durante nueve meses del año, de alrededor de $ 67,715 millones de pesos.

Para el régimen subsidiado que tenia una UPC aprobada de $ 302,040, esta baja hasta los $ 298,911, que significan una reducción de $ 3,129 por afiliado, que multiplicados por 21,7 millones de ciudadanos protegidos en estas EPS-S, le significan al Estado Colombiano, un ahorro durante nueve meses del año, de alrededor de $ 50,924 millones de pesos, para redondear una reducción de la prima en alrededor de $ 118,640 millones de pesos entre los dos regímenes, cuya justificación técnica es absolutamente dudosa, pero que ahora tiene un amparo moral inescrutable, y unas consecuencias que estoy seguro nadie ha previsto.

Vamos terminando y saquemos algunas conclusiones: la CRES finalmente cumplió y aprobó una UPC, que nadie sabe si compra o no, la canasta de servicios de salud; tampoco tiene garantizado la CRES, que no se rajará en el exigente examen que le espera en el congreso mañana, con todas las bancadas políticas envalentonadas por los avances anticorrupción y sedientas de medios, en un ambiente claramente pre-electoral; Incluso podríamos estar frente a una de las últimas actuaciones de la comisión de expertos, que está a punto de perder por vencimiento de sus periodos, a dos comisionados, sin que el gobierno muestre interés alguno en reemplazarlos; Gana puntos la universidad que encontró las inconsistencias y las hizo públicas, haciendo gala de valor civil y dando un ejemplo a la Superintendencia Nacional de Salud que ha corrido a remediar tanta permisividad histórica, asentando un golpe tan difícil de asimilar al régimen contributivo de salud, que de sostenerse en el ámbito de la legalidad, podría traer consecuencias insospechadas para otros grandes actores del sector, que hasta ahora, eran "vacas sagradas" y porque no, incluso hacer rotar el eje de las políticas publicas sobre el particular..

CONSULTORSALUD cree que no es momento de apresuramientos, ni de actuar con cabeza caliente, sino de permitir que las autoridades actúen, estando vigilantes de la eficacia de sus medidas, para garantizar que la cirugía que ya comenzó, para extirpar ese tumor que hizo metástasis en lo público y lo privado del sector, no sea paliativa sino curativa, y podamos decidir en un gran acuerdo social, si reconstruimos el maltrecho modelo de aseguramiento dándole una oportunidad a la ley 1438 de 2011 y a las organizaciones que resulten indemnes, o si este tsunami nos llevará irremediablemente a un nuevo puerto.

Mientras tanto sigamos trabajando con ahínco, dedicación y altísima responsabilidad social, porque hay miles de colombianos que requieren a diario una oferta de servicios de excelencia.


Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
Consultorsalud

El futuro de nuestra salud

He esperado con paciencia para continuar escribiendo sobre la evolución? del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Tras la declaratoria de emergencia social, que buscaba impactar sobre unas evidentes falencias, se colaron una serie de "detalles" que oscurecieron sus alcances, y continuo viendo una interminable cadena de reglamentos, requerimientos y precisiones, que no me dejan tranquilo.
La emergencia social, polarizó aun mas las posturas de los actores que se han opuesto desde siempre a la Ley 100 de 1993, y sublevó innecesariamente a otros, no menos importantes protagonistas de la prestación o recepción de servicios; Los médicos obviamente se lanzaron masivamente a defender su autonomía (en lo que me identifico), sin reconocimiento de sus faltas que han originado por acción u omisión cuantiosos sobre costos al sistema; los familiares de pacientes con enfermedades raras, que como su nombre lo indica son un porcentaje "no asegurable" de la población, hicieron aparecer la emergencia como la antítesis de lo debido; Algunos pacientes con enfermedades de alto costo, dijeron a voz en cuello, que el cáncer ya no estaba cubierto, y no pocos profesionales peor informados que los anteriores, asintieron con preocupación.
Las cerveceras le echaron la culpa a la emergencia para subir $100 cada nueva botella vendida en el país, y los distribuidores de juegos de suerte y azar también resintieron por el nuevo aporte a la salud.
Las EPS brillaron por su bajo perfil, y las IPS públicas enfilaron baterías para documentar a la Honorable Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de las medidas y cruzan dedos de manos y pies, para que el próximo fallo les halle la razón y se desmoroné la emergencia.
Entre tanto el gobierno sigue avanzando en dos proyectos pilotos de universalización de coberturas y homologación de planes de beneficios en Barranquilla y Cartagena, en donde los primeros resultados son auspiciosos, y acometió la tarea de concretar el giro directo a las EPS (saltándose a los entes municipales), y a las IPS (saltándose a las EPS), con la hipótesis (supongo yo) que esta inundación financiera, permitirá que el barco siga a flote, mientras otras medidas emergentes hacen tramite y entregan resultados.
Sin embargo el pago de las gigantescas carteras por servicios NO POS (que fue el detonante de la emergencia), no ha sido resuelto 3,5 meses después de emitida la emergencia, y en cambio los aseguradores y prestadores en todo el país, deben seguir recobrando a los entes departamentales, cuyos ya conocidos y exiguos recursos no alcanzan para este propósito; Los 300.000 millones tramitados antes de la emergencia social, solo se girarán hacia el mes de mayo, y entre tanto la cartera sigue creciendo, amenazando pronto el acceso de los usuarios.
La liquidación de contratos entre municipios y EPS, parece una tarea de la emergencia cumplida sobre el papel, pero sin respaldo en pagos efectivos, podría convertirse en una reclamación judicial que atascaría el flujo de decenas de miles de millones de pesos por varios años mas, en perjuicio no solo de los aseguradores, sino de su red nacional de prestadores, a expensas de un gobierno que inobserva sus obligaciones primarias con el sistema y sus actores.
Y si se cae la emergencia?.
Pues todos a correr porque se necesitaría firmar miles de contratos entre municipios y EPS, y las negociaciones entre EPS e IPS cambiarían debido a que se podría volver a contratar las actividades de PyP por cápita, y los giros directos terminarían volviendo a los interminables tramites territoriales, y se revivirían las interventorías, y se abrirían espacios jurídicos de incertidumbre respecto a la solidez del aseguramiento y sobre las garantías del mismo, y por ende la duda sobre el reconocimiento de las primas en decenas de municipios.
Sumemos a este caos, los múltiples proyectos legislativos que el nuevo congreso presentará tratando de remediar los problemas o de reformar el Sistema.
Aun no puedo identificar en que momento se perdió la ruta del sistema de salud, y este se convirtió en el escenario de pujas entre actores y gremios, en donde todos perdemos y nadie gana. Sigo sin comprender como aseguradores y prestadores no son aliados confiables, y como el gobierno no ha establecido una política publica de prestación de servicios de salud cimentada en la Atención Primaria en Salud y roto toda barrera de acceso a la atención.
Me niego a entender como el Estado, sigue reglamentando para defender a prestadores públicos, cuando estos deberían ser organizaciones élite del sector y en lugar de sobrevivir como lo hacen, resaltar por sus conquistas sectoriales en el mantenimiento del estado de salud de sus poblaciones asignadas.
Será que al Estado le conviene esta absurda confrontación de alguna manera? o será que no ha podido dimensionar las necesidades diversas de esta nación, y aceptar que en muchos sitios la red publica no solo es indispensable sino muy buena, y en otros lugares podría llegar a no ser necesaria, y que entonces están faltando pantalones políticos para defender un modelo bien organizado que no se mida por el número de organizaciones, sino por los resultados estadísticos y epidemiológicos, y no solo por los balances financieros?
Tampoco entiendo como el Estado continua regulando los porcentajes de uso de la prima de aseguramiento por parte de las EPS, y ahora en el colmo de su intervencionismo, se los salta girando directamente a los prestadores, con el absurdo argumento financiero, desdibujando completamente el modelo de aseguramiento que tanto dice abanderar.
Ahora creo que debemos proponer una reforma seria y rápida, que salve los mejores conceptos que se han ido puliendo en los últimos 14 años, que simplifique la operación, perfeccione los controles y haga mas eficiente la gestión, teniendo como núcleo de la misma no las organizaciones, sino los ciudadanos y sus necesidades, sin perder el contexto de los recursos finitos, y la necesidad obligatoria de priorizar dentro del mejor respeto por los derechos fundamentales, que no pueden ser el argumento para abrir agujeros a la coraza de este o cualquier otro navío que pretenda llevarnos a un mejor puerto.
Estaremos expectantes y colaboradores con el proceso.

La Emergencia Social de la Salud 2009

Los datos resultan perfectamente claros y apuntalan la necesidad de la declaratoria de la emergencia social: incrementos significativos de los gastos de salud en las entidades del sistema, estabilizacion o incluso disminucion de ingresos al SGSSS, incremento del riesgo en la prestacion de los servicos de salud (aumento de las carteras de hospitales y EPS, cesacion de pago por parte de algunas EPS), incremento inusitado de los gastos por servicios NO POS en los departamentos (hasta un 185% incluso).

A esta ya de por si, preocupante situacion, sumele los costos de la atencion de la pandemia H1N1 que podria consumir 30.000 millones de pesos, mas otros 800.000 millones destinados a cumplir con las ordenes de la corte (sentencia T-760), y las proyeccciones de crecimiento de las enfermedades de alto costo que podrian duplicar los costos de la atencion de pacientes con IRC en los proximos dos años, pasando a 1,2 billones de pesos, mas el aumento de la informalidad laboral y el desempleo, con el cierre de fronteras, que indefectiblemente traeran por primera vez en mas de siete años, una disminucion del ingreso base de cotizacion y por ende menores ingresos de solidaridad para el regimen subsidiado.
Para completar este delicadísimo marco sectorial, la desregulación en los precios de los medicamentos, la facilidad para autorizar nuevas patentes para moleculas sin la existencia de suficiente respaldo nacional en BPM, El contrabando de varias de ellas, y los asombrosos y multimillonarios recobros NO POS son un factor claramente desestabilizador del SGSSS.
Igualmente los actores y el alto gobierno han comenzado a observar a la renovacion tecnologica como otro factor potenciador de desequilibrio, no por las implicaciones que tiene en si misma la tecnología, sino precisamente por la falta de evaluacion previa para autorizar su ingreso al pais, habiendo cumplido los minimos analisis de costo beneficio para los usuarios.
Compartimos y entendemos la gran preocupacion del gobierno nacional y del Ministerio de la Proteccion Social, quienes estan buscando con el apoyo de todos los gremios y subsectores involucrados, las mejores ideas para solucionar la crisis actual y prevenir situaciones futuras coincidentes.
Las alternativas que se discuten pasan por la consecución de nuevas fuentes de recursos (impuestos y usos de fuentes inactivas), aceleracion de procesos sectoriales, creacion de un fondo unico nacional para el manejo y financiacion de lo NO POS, cierre de contingencias (conciliaciones masivas inmediatas de saldos), priorizacion de guias de atencion sobre patologias de alto costo y eventos NO POS, creacion de un Comite Tecnico Cientifico Nacional de segundo orden, participación activa de la justicia en la comprensión real de la estructura y responsabilidades del modelo de salud colombiano, creación de la Agencia Nacional de Evaluacion de Tecnologias de Salud, etc.
Existen otros retos que la declaratoria de emergencia social debe superar ademas de estas necesidades urgentes, que incluyen toda una barrera de obstaculos juridicos y legales, como la Ley de Garantias vigente que podria inutilizar las medidas adoptadas, garantizar la exequibilidad en si misma de la declaratoria de emergencia garantizando que no existen otros mecanismos disponibles para hacerle frente a la crisis, y dejar claro que las medidas adoptadas son suficientes para resolver los problemas que dieron origen a la declaratoria.
Podemos compartir que la CRES en su reunion del 18 de diciembre y antes del 22 de diciembre habra realizado ajustes al Acuerdo 03 que revisó el POS, y que el alto gobierno en pleno realizará la declaración de la emegencia social el proximo 22 de diciembre.
Consultorsalud S.A.invita a todos los academicos, catedraticos, gerentes, profesionales, consultores, contratistas,proveedores y usuarios del SGSSS a realizar aportes INMEDIATOS y concretos para resolver la crisis de la salud, que puedan ser tenidos en cuenta por el gobierno dentro de los decretos que se estan preparando.
Despues no digan que no se les informo de la oportuidad de hacer parte del cambio...
Escribanos a info@consultorsalud.com