En el peor momento en que se puede desatar una emergencia social, el gobierno colombiano cerro el año 2009, y se embarcó en la aventura sectorial de resolver una gran cantidad de problemas, que se venían acumulando, muy a pesar de la permanente y casi con seguridad exagerada reglamentación mal implantada, y que se convirtieron en el detonante de una insuficiencia de recursos, que puso de rodillas al sistema de salud, frente a la posibilidad real de una pérdida de accesibilidad a los servicios por parte de millones de colombianos.
Y digo peor momento (dependiendo de la orilla desde donde se mire), porque en la ultima etapa de un periodo electoral, en donde la ausencia de programas de gobierno brillan por su popularidad, y los candidatos acéfalos (como casi siempre en esta nación) de claridades, liderazgos y de ese reclamado perfil de estadista que seguimos buscando con lupa, se encontraron con este regalo, que ha sido ampliamente explotado como el mejor botín de guerra, en todas las plazas de nuestros municipios y ciudades.
He sido testigo de excepción de geniales inventos proselitistas de muchos de estos pretenciosos aspirantes a padres de la patria, que bajo el auspicio cómplice de algunos medios de comunicación sedientos de noticias amarillistas, y sin un ápice de lectura básica de los contenidos de la emergencia, abrieron un debate sin precedentes, que muy a pesar de su obscuro origen, es sin lugar a dudas la mejor ganancia de la emergencia.
Por primera vez y con asombro, vi el despertar de una nación mixta, súbitamente revitalizada y animada por una causa común, reclamando un derecho que le pintaron en los noticieros y periódicos como perdido.
Médicos olvidados por mas de 15 años, desempolvaron sus asociaciones, y volvieron a hablar de autonomía, ética, autoregulación, y se escucharon discursos dignos de remotas épocas, en que los galenos eran seres especiales dentro de la sociedad.
Pacientes que dejaron de serlo, gritaron en las calles y desempolvaron los maltratos acumulados en estos años por cuenta de algunos aseguradores y prestadores, y enfilaron baterías contra aquellas que parecen haber invertido sus recursos de salud, en obras de infraestructura (y otros menesteres), que dominan el paisaje de nuestras ciudades, frente a los ojos desapercibidos de las autoridades competentes.
Los hospitales públicos reagruparon sus fuerzas y con el vigor que solo puede infundir el acaloramiento de la confusión mediática, y el sentimiento de la opresión crónica, reclamaron y exigieron, e intentan clavar su bandera en lo mas alto de las conquistas emergentes.
Unos pocos medios de comunicación llevaron a extremo su insaciable deseo de raiting, y rebuscando aquellos casos excepcionales, los hicieron declarar sus lastimeros destinos clínicos en horarios triple A, conmoviendo a la sociedad toda, haciendo de episodios estadísticamente no representativos, la parodia de una realidad universal.
Juristas de todas las estirpes analizan con deleite en todos los cafés, si la emergencia tiene orígenes sobrevinientes, si la pueden considerar de gravedad inminente, y si sus decretos tienen conexidad y especulan sobre los dictámenes que hará la Corte Constitucional, convirtiéndose en la apuesta de moda.
Las cerveceras invierten decenas de millones en propagandas radiales, en las que anuncian que ahora tomarse una deliciosa cerveza helada a la semana, le costará cien pesos ($100) más a todos los colombianos, por culpa de la emergencia.
Los fabricantes de medicamentos, a quienes se atribuye una buena parte de la responsabilidad de los sobre costos de operación del sistema de salud colombiano, han comenzado a bajar el precio de algunas de sus moléculas... de un solo golpe rebajas de mas del 40% no es FANTÁSTICO?
Catedráticos, lingüistas, traductores, universitarios, docentes y todo tipo de interpretes, han puesto el grito en el cielo por la breve y nobel definición del plan de beneficios, haciendo un escándalo tan grande, que no deja recordar que los derechos en Colombia son progresivos y que el guardián de ellos, está a buen recaudo de influencias tendenciosas.
El Presidente como cualquier vecino, ha tenido que dejar de trabajar en su agenda habitual, para capotear el vendaval, y reculando con valor, ha reconocido que mirar las cesantías de los colombianos es un sin sentido, que no es necesario multar a los médicos, que desde siempre han podido ser demandados por mala praxis, que la definición del POS fue desafortunada y que los derechos adquiridos no se pueden extinguir, y menos si en ello se juega la vida de un ciudadano.
Los contratos de asesoría de algunos pocos decretos, fueron acertadamente desnudados, no tanto porque sus gestores no sean profesionales idóneos, o por sus escandalosos montos, sino por su pobreza conceptual, por su infantil redacción plagada de errores (todos ellos evitables), y porque dejan ese amargo sinsabor de favorecimientos, que nadie a podido a la fecha comprobar.
Las EPS han recibido un Tsunami de criticas, de sus antiguos opositores y de los nuevos adeptos en contra del modelo de salud, y el gobierno ha comenzado a desandar el camino del aseguramiento autorizando giros directos a los prestadores de baja complejidad, y presta oídos a solicitudes en igual sentido en la mediana y alta complejidad, con lo cual terminaría de rematar esta emergencia, transformando un débil aseguramiento en una simple e inoficiosa administración delegada (afirmación que ya es 68% cierta en esta nación).
Otros se apresuran a hacerse parte ante la Honorable Corte Constitucional, para tratar de demostrar la inconstitucionalidad de la declaratoria, como un mero y muy elegante ejercicio jurídico, sin realizar un solo aporte, para solucionar lo que para todos es claro: el barco hace agua y si no se hace algo, podría llegar a hundirse, con terribles consecuencias sociales, financieras, fiscales y por supuesto sectoriales.
De poco sirve que 11 millones de jóvenes del régimen subsidiado tengan ya los mismos derechos que en el régimen contributivo, y que se hayan establecido por fin plazos definitivos para revisar y actualizar el POS, o que exista un billón de pesos adicionales para la salud, o que se aprobara un reclamado estatuto anticorrupción sectorial, que se pongo un punto final a las carteras que arrastran aseguradores y prestadores usando para su cancelación recursos congelados dentro de una operación que se enredó, que la Inspección, vigilancia y especialmente el control, tengan ahora herramientas para intervenir y cerrar no solo IPS sino EPS, que la prueba piloto de barranquilla documente la reducción de tutelas, de quejas y de tiempos en la atención, que los flujos de recursos tengan en adelante un camino expedito sin la intermediación territorial que tanto daño hizo a la operación, que las prestaciones excepcionales estén identificadas y posean un responsable y un fondo que proveerá los recursos y negociará su mejor uso, que la Base de Datos Única de Afiliados sea el criterio de asignación de recursos, y muchos otros beneficios que el Ministro nunca pudo explicar convincentemente hasta ahora.
NO. Estamos tan envalentonados todos, que no podemos considerar por un solo instante, que si conciliamos y aportamos ahora mismo, podríamos tener la solución para la mayoría de las dificultades al alcance de la mano, corrigiendo los yerros de esta emergencia, pero mas importante aún, corrigiendo definitivamente las fallas protuberantes del sistema de salud, que todos conocemos y que con valor y de manera imperfecta el gobierno ha intentado remediar.
La emergencia no es, ni tan mala como dicen los politiqueros, ni tan buena como dice el gobierno, ni tan completa como necesitan los colombianos, pero de una cosa estoy seguro: es la mejor oportunidad que he conocido para dejar de cojear, y pegar un salto en donde todos los actores y especialmente el ciudadano de a pie, salga ganador.
