NO MAS POLITIQUERIA EN EL SECTOR SALUD

Sorprende favorablemente que uno de los caballos de batalla del Ministro Alejandro Gaviria sea el enfrentar decididamente, otra de las raíces que perpetúan este estado de cosas inconstitucional dentro del sector salud: la politiquería.

Años atrás, y desde esta editorial de CONSULTORSALUD, hemos expresado con claridad nuestra rechazo a la abusiva, descarada e insana participación de políticos de todos los pelambres y colores, que han logrado coronar la cúspide del poder sanitario en cada una de las regiones del país, y a sus pies yacen inertes, algunas de las decisiones más importantes que tienen que ver inequívocamente, con la buena o mala marcha del aseguramiento, de la salud pública y de la prestación de los servicios asistenciales y preventivos.

En sus oficinas y no en las gerencias técnicas y científicas, se decide el nombre de los profesionales, técnicos y auxiliares que ocuparán los diferentes cargos, empezando por los más simples como los rurales, hasta los de mayor peso específico por su carácter decisivo en la construcción o destrucción de políticas públicas, como los secretarios de salud departamentales, distritales y municipales, pasando claro está, por la escogencia de gerentes de hospitales públicos.

Esos reconocidos “padres de la patria”, han corrompido incluso los concursos de méritos, e infiltrado algunas universidades que se han vendido al mejor postor, para seleccionar al candidato más conveniente a sus oscuras aspiraciones; las cifras que se mencionan por parte de algunos de los afectados en todo el país, hacen palidecer de vergüenza al más sensato.

Ni hablar del tráfico de millonarios contratos, que son entregados a sus copartidarios, a sus financiadores de campaña e incluso a familiares sin reparo alguno.

!!! NO MÁS !!!

Es hora de poner freno a todos los vicios sectoriales, y este es uno de marca mayor, que se convierte sin pensarlo mucho, en una vena rota, que desangra todas las fuentes de financiación, traspasando la frontera de un delito simple, para convertirse en una verdadera afrenta a la vida, y en un concierto para delinquir continuado.

Ministro Gaviria: afine bien la puntería, porque estoy seguro que habrá muchos trabajadores del sector salud, deseosos de colaborar con Ud. en este saneamiento.

Aahh y la felicitación es, porque si el presidente Santos va a aspirar a la reelección, Ud. está impulsando al menos tres aspectos fundamentales para el país, pero francamente inconvenientes para esa posibilidad política: a) La Ley estatutaria que definirá el límite del derecho fundamental a la salud, b) La liquidación de EPS innecesarias y el retiro del dinero que estas manejaban, y c) El enfrentar al monstruo de mil cabezas de la politiquería. Tremendo acertijo profesional, ético y político.

Le hablo entonces, en nombre de las mayorías del sector salud, de los que juramos cuidar a los pacientes, mantener los ciudadanos sanos, hablo por los hombres y las mujeres valientes que se esfuerzan en veredas y campos lejanos y en los grandes hospitales de nuestras congestionadas capitales, por los que sirven, velan y oran junto a las camas de los desvalidos, por los que trepan montañas y llevan el mensaje de salud y bienestar, por los más de cuatrocientos mil colombianos que conformamos esta familia del sector salud nacional: “estamos listos para un cambio definitivo, sin mezquindades, sin revanchas, con la lista de lecciones aprendidas en la mano derecha, y la de los retos por superar en la izquierda. Tenemos como hacer que el sistema de salud colombiano sea uno de los mejores del mundo. Hagámoslo”.

  

Carlos Felipe Muñoz Paredes.

Gerente General

www.consultorsalud.com 

Ley Estatutaria de Salud

Mientras muchos se concentran en los cientos de artículos de los proyectos de ley ordinaria que sobre abundan por estos momentos en el Senado de la República, otros ponen sus ojos en los escasos párrafos, que ha puesto sobre el tapete del debate el Ministerio de la Protección Social, en lo que fueron las primeras ideas de lo que pronto veremos presentado en forma de propuesta de ley estatutaria.
Para mí al menos, no cabe la mas mínima duda sobre la importancia vital, de esta última iniciativa, que constituye ni mas ni menos que la columna vertebral de lo que debe ser nuestro sistema de salud, y no al contrario, cuando equivocadamente tratan algunos, que el estatuto en construcción se amolde ineficazmente al modelo actual.
Los colombianos no debemos correr el riesgo de espantar la oportunidad histórica que se nos presenta a esta generación, para  subir los estándares y definir de manera correcta el derecho fundamental a la salud.
No es entonces este, el espacio para mencionar necesariamente el POS, o aclarar particularidades de aseguradores y prestadores, o impulsar modelos de prestación de servicios o  incluso avalar estrategias, que son precisamente los insumos para una ley ordinaria.
La Ley estatutaria debe ser simple y contundente, y estar apegada a nuestros preceptos constitucionales e inequívocamente, a la capacidad real que tiene nuestra nación, para comprar la canasta de beneficios sectoriales, que tanto reclama el ciudadano colombiano.
Aclaremos de una vez por todas, que el derecho fundamental a la salud, NO es el POS.
Pero digamos con la misma contundencia, que el POS, SI forma parte del derecho fundamental a la salud.
Entonces cual es el problema, y que nos genera los grandes debates, que tocan las fibras más íntimas de los movilizadores sociales, y porque en este momento no tenemos un mismo enfoque, todos los que de una u otra manera, proponemos frente a esta oportunidad?
La respuesta es simple: se trata de dinero.
Nuestra patria, al igual que el resto de naciones desarrolladas y sub-desarrolladas, carece de la suficiencia financiera, para abrigar dentro de sus posibilidades reales, la atención ilimitada y creciente de los servicios de salud, debiendo entonces establecer con claridad un plan de salud adecuado a la realidad demográfica, epidemiológica, a los desarrollos técnico-científicos debidamente probados, a la razonabilidad  económica, las recomendaciones de las diversas sociedades cientificas, y muy especialmente a la indispensable validacion social.
Hasta aquí, debemos proveer los recursos necesarios, para agenciar de la mejor manera posible, a todos los nacionales, garantizando el disfrute de estos derechos plenos y oportunos.
Todo aquello que quedare por fuera de esta "canasta de beneficios de salud", y que no fuere excluido expresamente, también forma parte del derecho fundamental a la salud, pero no debería estar ni financiado ni agenciado por el esquema anterior, y por ende, nos requiere un esfuerzo adicional, para, sin crear barreras de acceso, su uso sea racional, necesario, excepcional, y abrigue la posibilidad de recibir aportes individuales (ademas de la financiación impositiva), que lejos de atentar contra la estabilidad financiera del núcleo familiar o del individuo, sean factores antirebosamiento del sistema, y una fuente fresca de recursos, que para nada serán su gran componente (esto para ahuyentar de entrada, el debate surgido en la emergencia social, cuando se mencionó de manera totalmente equivocada el uso de cesantias y otros seguros de estabilidad familiar, como copagos disponibles para estos servicios).
Entonces vamos llegando al área de conclusiones. El asunto crucial resulta para esta ley estatutaria, no la definición del Derecho Fundamental a la Salud (que encontramos tantas veces aclarado por la corte constitucional, en sus sentencias y autos), sino el establecimiento sobre la forma de acceder a este derecho y su financiamiento.
Confieso que espero del Ministerio de la Protección Social, el amparo del derecho fundamental a la salud sin menoscabos, y una brillante formulación del como, en cabeza de sus nuevos dignatarios, que nos abren un compás de ilusión y esperanza por sus ejecutorias previas.
Nos vemos en el debate.

Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
www.consultorsalud.com