No solo existen problemas en el acceso a los
servicios NO POS por cuenta del régimen contributivo, que afortunadamente ha
sido generosamente abordado por al menos cuatro reglamentos en los últimos sesenta
días, buscando especialmente el destrabe de los recursos invertidos por las
EPS, lo cual es plausible, pero dejando en segundo lugar, la solución a la
disponibilidad que tienen los pacientes, de las tecnologías ordenadas por los médicos
tratantes, situación que debe ser el nudo critico a solucionar.
En el Régimen Subsidiado sin embargo, la
realidad es bastante diferente, y el gobierno ha ido aplazando la toma de
decisiones al respecto, dejando que los entes territoriales, que tienen esta
competencia y los recursos para ejercerla desde la expedición de la ley 715 de
2001, se enseñoreen en su autoridad (banal en este caso), para deshacerse de su
obligación, presionando a los pacientes a recurrir a las EPS-S, quienes deben
activar los Comités Técnico Científicos, ordenar las entregas autorizadas por
estos, pagar las facturas recibidas de las IPS, y luego si, intentar estos
recobros que son todavía afectados por altas glosas y unos infinitos tiempos de
respuesta gubernamental, en un ejercicio de verdadera posición dominante que a
ninguna entidad de vigilancia y control parece importar.
Un circuito perfectamente ilógico, que se ha
convertido en una casi infranqueable barrera de acceso para los pacientes, y en
una épica batalla para las EPS-S que han sido autorizadas para entregar estas tecnologías,
sin las garantías de un pleno recobro.
No tiene sentido que mientras los entes territoriales,
a la luz del documento CONPES 145 del 30 de diciembre de 2012, disponen de 1,3
billones de pesos para atender estas obligaciones, le nieguen los servicios a
los miles de afiliados que los requieren cada mes, haciendo un pacto silencioso
y cómplice entre la mayoría de direcciones territoriales de salud del país,
para desatender cualquier llamado en este sentido.
Es hora de tomar medidas en todos los campos
de gestión sectorial, y desde esta editorial invitamos al Ministerio de Salud y
Protección Social para incluir en los proyectos de ley que van a radicar en el
congreso, y en los reglamentos que se preparan ahora mismo, para retirar
inmediatamente a las direcciones territoriales de salud primero los recursos, y
acto seguido las competencias para atender las obligaciones derivadas de la
asistencia integral a los ciudadanos vulnerables que requieran el suministro de
tecnologías no incluidas en el plan de beneficios; Al igual que ocurrió durante
quinquenios con el dinero de la UPC-S que manejaron los municipios, los
departamentos no están haciendo un uso al menos al menos oportuno de estos
recursos, y no queremos suponer que estén efectuando un uso inapropiado, invirtiéndolos
en otras situaciones sectoriales que obviamente no están amparadas por la ley.
Recordemos que desde la expedición de la ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo),
articulo 157, “el pago que las entidades territoriales competentes realicen a
las IPS públicas o privadas, por la prestación del servicio de salud a la
población pobre no afiliada y a aquellos afiliados en lo no cubierto con
subsidios a la demanda, deberá soportarse en la compra de servicios de salud
mediante modalidades de pago que sean consistentes con la cantidad y valor de
los servicios efectivamente prestados, en los términos convenidos en los
respectivos contratos”.
Consultorsalud recomienda también, la abolición
inmediata de la metodología de recobros, que seguramente ha originado inmensas
afectaciones en el estado de salud a ciudadanos de ambos regímenes, y ni qué
decir del costo de oportunidad que ha significado para aseguradores y prestadores,
que han debido confiar en un absurdo instrumento gubernamental, que no ha sido
otra cosa que, un apalancamiento privado al Estado Colombiano, disfrazado de un
modelo de aseguramiento que nació huérfano del concepto de servicios NO POS.
Es indispensable que las tecnologías no
incluidas en el plan de beneficios, tengan un manejo transparente, que podría darse
a través de un operador especializado, que tenga a su cargo una red nacional
integrada y especializada de servicios de salud, que administre un fondo finito
de recursos provenientes del SGP y del Fosyga y/o de la nueva contribución CREE,
y que garantice el acceso, la oportunidad y el uso racional de estas tecnologías,
dentro de la capacidad institucional y financiera de la que dispone nuestra nación.
Cierto es que no queremos más abusos con los precios
de las tecnologías NO POS, tanto como aspiramos
a derrumbar las barreras al acceso a esas tecnologías que los pacientes de Colombia
requieran con necesidad, y que además estemos en capacidad de financiar.
Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
Consultorsalud S.A.
