RETOS DE LAS EPS 2011

Apenas comienza el año 2011, y ya pueden conocerse la gran cantidad de retos que deberán atender las Empresas Promotoras de Salud, luego del texto aprobado de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud; la gran mayoría de ellos, con seguridad redundarán en beneficios inequívocos para todos los colombianos.
He querido hacer una lista simplificada de los que considero los mas importantes:

1. Nuevos requisitos de funcionamiento: que reglamentará el Ministerio de la Protección Social (MPS), en relación con el número mínimo de afiliados, margen de solvencia y capacidad financiera y técnico-científica. Tenemos al frente entonces un periodo de acercamientos y alianzas estratégicas entre aseguradores, que podría terminar convirtiéndose indirectamente en otro decreto 1804, que impulsó fusiones empresariales y liquidó sin contemplaciones a decenas de empresas de salud que no cumplieron requisitos. Veremos surgir de este importante articulo de la nueva ley, un sector asegurador fortalecido, con menos actores que tienen una mejor capacidad de asegurar el riesgo, y de supervisar el estado de salud de sus afiliados.
2. Ajuste administrativo: debiendo las EPS del régimen contributivo reducir sus gastos hasta el tope del 10% de las UPC recibidas, liberando simultáneamente miles de millones para ofrecer mas y mejores servicios de salud (recordemos que las EPS del régimen subsidiado ya administran la UPC con un tope del 8% desde hace años).
3. Portabilidad Nacional: Este nuevo derecho que se le entrega a los colombianos, representa para las EPS un gran reto logístico, contractual y financiero, y les exigirá con seguridad el mayor cuidado para conservar el control sobre la puerta de entrada y el sistema de referencia y contra referencia, sin generar barreras de acceso, pero al mismo tempo evitando un uso irracional y no supervisado de los servicios.
4. Prestación del POS a través de redes integradas de servicios:  Como para alquilar balcón estará esta coordinación que deben hacer con los entes territoriales, para definir la red necesaria y suficiente que atenderá las poblaciones afiliadas, y que según la norma puede incluir oferentes públicos y privados; de igual magnitud será el pulso para vigilar la reglamentación de estas redes, que adquieren un estatus vital en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
5. Actualización del POS: Definitivo será para las EPS obtener las garantías suficientes por parte de la CRES y el MPS, para que la UPC aprobada sea capaz de comprar la canasta de beneficios que no para de crecer, no solo por cuenta de los estudios técnicos, sino por decisiones legislativas, que por ejemplo ahora incluyen la atención integral en salud mental , a discapacitados, a mujeres violentadas y atención preferencial a menores de 18 años; un mal cálculo traería la ruina de todo el sector, y una insuficiencia de la UPC no detectada y no compensada integralmente, ademas convocaría responsabilidades incalculables para el Estado Colombiano.
6. Saneamiento de las deudas: Otra vez el gobierno expide una norma otorgándole plazo a los alcaldes y EPS para que liquiden los contratos (3 meses), y paguen lo saldos (1 mes adicional); Confiemos que esta sea la vencida, y los recursos fluyan hasta los últimos receptores que esperan hace años estos pagos que se envolataron en medio de tanta intermediación financiera. Sobre este tema es hora de un PUNTO FINAL. que quienes tienen obligaciones las paguen (especial y primeramente el Estado en sus diferentes presentaciones territoriales y nacionales), y hacia el futuro el gobierno debe ser inflexible con todos aquellos que incumplan las normas: FUERA DEL SISTEMA.
7. Audiencia Públicas, Indicadores de Gestión y Evaluación: Las EPS tendrán una gran cantidad de controles adicionales en adelante, que buscarán que su labor, se refleje en mejoras significativas en el mantenimiento y/o la recuperación de la salud de sus afiliados, y se acumulan artículos sancionatorios que van desde multas consecutivas, pasando por intervenciones forzosas, hasta la pérdida de la habilitación por diferentes motivos.

Podría seguir escribiendo sobre los SESENTA aspectos principales que la nueva ley de salud trae para las EPS, pero me detengo simplemente para decir, que en adelante PARA SER ASEGURADOR HAY QUE TENER VOCACIÓN, porque la cosa se puso color de hormiga. 

Carlos Felipe Muñoz Paredes

Gerente General

www.consultorsalud.com 

Hospitalaria

En verdad las cifras presentadas por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, en el Quinto Congreso Nacional de Salud organizado por Consultorsalud, no solo deben invitarnos a una profunda reflexión, sino muy especialmente a la toma de decisiones inmediatas para evitar no solo el colapso del modelo de aseguramiento, sino la debacle financiera de cientos o miles de instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, de su cadena de proveedores especializados, y la afectación de profesionales, técnicos y auxiliares que son realmente el soporte del modelo que ya completa 16 años de operación y ajustes.

Ni siquiera el Superintendente de Salud Dr. Conrado Gómez puede certificar con total fidelidad, el valor de las deudas mutuas que tiene el Estado con los aseguradores y de estos con los prestadores, sumiendo el sistema en una incertidumbre espesa tras la cual se agazapan corrupciones históricas, ineficiencias debidamente certificadas, y la ausencia de una adecuada rectoría que parece no tener soluciones claras.

Luego de una lectura cuidadosa de los proyectos de ley ordinaria, de los artículos de ley orgánica que este contiene, y el enfoque de ley estatutaria, pareciera que el nuevo lienzo planteado por el gobierno recién posesionado, describe mejoras necesarias que podrían resolver estructuralmente los conflictos más sensibles del sector, como por ejemplo la supresión del innecesario transito del flujo de los recursos en los municipios, establece la portabilidad nacional del derecho, motiva la reducción en el número de EPS, fortalece también a las IPS a través de la creación de conglomerados hospitalarios que actuarían a través de redes organizadas, eficientes y efectivas, privilegia y centra el modelo en el ciudadano y le otorga mayoría de edad a la estrategia de atención primaria en salud, por mencionar algunos de sus tópicos grandes.

Sin embargo deja vivo el monstruo que puede "infectar" y causar la muerte del modelo que apruebe la "locomotora gubernamental", y que no es otra cosa que la gran cartera sectorial.

La cifra podría incluso superar los dos billones de pesos, y su peso específico es tan grande, que la aplicación rigurosa de la "vacuna" legislativa planteada hasta ahora, no es suficiente para salvar este enfermo. 

Nos enfrentamos frente a una decisión que involucra la macroeconomía colombiana, y un gran acuerdo social para adoptar una medida extraordinaria que no es otra que el SANEAMIENTO SECTORIAL POR UNICA VEZ.

Sí.

El sector para poder recomponer toda su estrategia necesita que sus actores, se tengan confianza, y renegocien sus fronteras, y hagan una puesta en común, jamás realizada, y se comprometan no solo con su supervivencia empresarial, sino con el resultado final de su interacción con los afiliados y beneficiarios, atemperando su gestión no solo con un manejo transparente de los recursos, ni con un número de actividades inocuos, sino fundamentalmente con resultados concretos en un sendero cuyo margen este claramente definido por la calidad, la seguridad y el impacto sobre los condicionantes de la salud.

Ante este gigantesco problema, es necesario el planteamiento de una gran solución: ubicar los recursos para el saneamiento sectorial y aprobar su uso inmediato.

Dolería el espíritu de esta nación, si en esta labor, se deja de lado, enarbolar la bandera de la inspección, para responsabilizar y disciplinar a todos los agentes públicos y privados que han contribuido a esta HECATOMBE financiera sectorial, entendiendo que es un deber moral, el exigir la reparación plena, pues no se pueden diluir en el anonimato una cantidad tan grande de recursos, bajo la mirada distraída de organismos de inspección y vigilancia poco entrenados o insuficientes para controlar el reto de la función asignada.

Tal y como ya se hizo con el sector eléctrico, el sector de la salud esta al borde del precipicio, y necesita no "paños de agua tibia" ni manejos paliativos, sino una cirugía profunda que extirpe de raíz el problema; Los recursos cuantiosos que esta reparación social necesita, podrían buscarse por ejemplo en fondos frescos de regalías, en redistribución de fuentes actuales como el 4xmil, en el uso de excedentes del Fosyga, y en la asignación de nuevas partidas presupuestales incluidas en el Plan de Desarrollo que debe presentar pronto el Presidente Santos.

Garantice señor Presidente y señor Ministro que estos recursos, le sean transferidos primero y directamente a los prestadores, y verifique que el saneamiento sea completo, para dar inicio así, a una nueva etapa sectorial en donde la profundización del modelo de aseguramiento, vaya de la mano de un modelo integral de protección social, que convoque a toda la sociedad, al gobierno a los actores privados, para que el  Ministerio de Salud que ya llega, sea su principal locomotora.

Carlos Felipe Muñoz Paredes

Gerente General

Consultorsalud S.A.

www.consultorsalud.com 

Ley Estatutaria de Salud

Mientras muchos se concentran en los cientos de artículos de los proyectos de ley ordinaria que sobre abundan por estos momentos en el Senado de la República, otros ponen sus ojos en los escasos párrafos, que ha puesto sobre el tapete del debate el Ministerio de la Protección Social, en lo que fueron las primeras ideas de lo que pronto veremos presentado en forma de propuesta de ley estatutaria.
Para mí al menos, no cabe la mas mínima duda sobre la importancia vital, de esta última iniciativa, que constituye ni mas ni menos que la columna vertebral de lo que debe ser nuestro sistema de salud, y no al contrario, cuando equivocadamente tratan algunos, que el estatuto en construcción se amolde ineficazmente al modelo actual.
Los colombianos no debemos correr el riesgo de espantar la oportunidad histórica que se nos presenta a esta generación, para  subir los estándares y definir de manera correcta el derecho fundamental a la salud.
No es entonces este, el espacio para mencionar necesariamente el POS, o aclarar particularidades de aseguradores y prestadores, o impulsar modelos de prestación de servicios o  incluso avalar estrategias, que son precisamente los insumos para una ley ordinaria.
La Ley estatutaria debe ser simple y contundente, y estar apegada a nuestros preceptos constitucionales e inequívocamente, a la capacidad real que tiene nuestra nación, para comprar la canasta de beneficios sectoriales, que tanto reclama el ciudadano colombiano.
Aclaremos de una vez por todas, que el derecho fundamental a la salud, NO es el POS.
Pero digamos con la misma contundencia, que el POS, SI forma parte del derecho fundamental a la salud.
Entonces cual es el problema, y que nos genera los grandes debates, que tocan las fibras más íntimas de los movilizadores sociales, y porque en este momento no tenemos un mismo enfoque, todos los que de una u otra manera, proponemos frente a esta oportunidad?
La respuesta es simple: se trata de dinero.
Nuestra patria, al igual que el resto de naciones desarrolladas y sub-desarrolladas, carece de la suficiencia financiera, para abrigar dentro de sus posibilidades reales, la atención ilimitada y creciente de los servicios de salud, debiendo entonces establecer con claridad un plan de salud adecuado a la realidad demográfica, epidemiológica, a los desarrollos técnico-científicos debidamente probados, a la razonabilidad  económica, las recomendaciones de las diversas sociedades cientificas, y muy especialmente a la indispensable validacion social.
Hasta aquí, debemos proveer los recursos necesarios, para agenciar de la mejor manera posible, a todos los nacionales, garantizando el disfrute de estos derechos plenos y oportunos.
Todo aquello que quedare por fuera de esta "canasta de beneficios de salud", y que no fuere excluido expresamente, también forma parte del derecho fundamental a la salud, pero no debería estar ni financiado ni agenciado por el esquema anterior, y por ende, nos requiere un esfuerzo adicional, para, sin crear barreras de acceso, su uso sea racional, necesario, excepcional, y abrigue la posibilidad de recibir aportes individuales (ademas de la financiación impositiva), que lejos de atentar contra la estabilidad financiera del núcleo familiar o del individuo, sean factores antirebosamiento del sistema, y una fuente fresca de recursos, que para nada serán su gran componente (esto para ahuyentar de entrada, el debate surgido en la emergencia social, cuando se mencionó de manera totalmente equivocada el uso de cesantias y otros seguros de estabilidad familiar, como copagos disponibles para estos servicios).
Entonces vamos llegando al área de conclusiones. El asunto crucial resulta para esta ley estatutaria, no la definición del Derecho Fundamental a la Salud (que encontramos tantas veces aclarado por la corte constitucional, en sus sentencias y autos), sino el establecimiento sobre la forma de acceder a este derecho y su financiamiento.
Confieso que espero del Ministerio de la Protección Social, el amparo del derecho fundamental a la salud sin menoscabos, y una brillante formulación del como, en cabeza de sus nuevos dignatarios, que nos abren un compás de ilusión y esperanza por sus ejecutorias previas.
Nos vemos en el debate.

Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
www.consultorsalud.com

LECCIONES PARA LA REFORMA DE SALUD 1 : SIMPLIFICACIÓN

Cuando intentamos dar lectura a los crecientes volúmenes de propuestas legislativas, que comienzan a acumularse para el estudio y posterior debate de las comisiones séptimas de cámara y senado, nos damos cuenta que en los últimos 16 años, no hemos podido comprender la importancia de la sencillez de los contenidos legislativos, y la imperiosa necesidad de compilar bajo la figura de un código, todos los reglamentos que se acumulan muchos de ellos sin oficio, en espera de resurgir dentro de alguno de los alegatos cada vez mas frecuentes surgidos entre los actores, en franca pugna por cuenta no solo de la falta de rectoría (de la cual hablaremos en otra lección), sino precisamente por la distancia que genera la incontrolada reglamentación sectorial y su interpretación amañada.

Hago un respetuoso llamado a los nuevos congresistas, que llegan con las energías propias de un recientemente otorgado mandato popular, para que de entrada, le realicen al proyecto de reforma, una primera cirugía excisional, mediante la cual se extraiga de su cuerpo, las decenas de artículos que no son necesarios, y que simplemente recitan de memoria pretensiones antiguas, e incluso vigentes en otras tantas normas incumplidas a nivel nacional.

Este proyecto de Ley Ordinaria que ha comenzado su proceso de revisión, y que está siendo nutrido a expensas de un acompañamiento ministerial cercano, y de múltiples conversatorios nacionales (que debemos aprovechar), no debería contener mas de 20 artículos, que serian simplemente los necesarios, para transformar los problemas en oportunidades de mejoramiento del sistema, que se reflejen en futuros indicadores de bienestar de los usuarios.

Que no sea el congreso entonces, un escenario para lucimientos personales, sino la plataforma para construir consensos en torno al deber ser de un excelente modelo de gestión social, al que podríamos llegar, apuntando toda la artillería académica y conceptual, a su columna vertebral, aspecto sobre el cual  me atrevo a sugerir sus primeros trece (13) componentes:

1. Definamos el sistema de protección social integral, 
2. Redefinamos el modelo de aseguramiento, la movilidad entre los dos regímenes y homologuemos sus operaciones, 
3. Definamos el modelo de prestación de servicios de salud, 
4. Definamos el modelo de atención, 
5. Reorganicemos las fuentes de financiamiento y simplifiquemos su pago a los diferentes actores, estableciendo una UPC universal, 
6. Pongámonos de acuerdo en el Plan de Beneficios que necesitamos y podemos financiar como nación, 
7. Identifiquemos las prestaciones excepcionales, reconozcamos su costo y asignemos al Estado su gestión integral, 
8. Establezcamos una modalidad de reaseguro único para atender los sobre costos del modelo, 
9. Definamos una política de salud pública que contenga acciones, tiempos y responsables sobre los determinantes de la salud, 
10. Exijamos un sistema de información integrado, robusto, confiable y amigable, 
11. Acordemos una política laboral sectorial justa, 
12. Descentralicemos y fortalezcamos el control, y 
13. Exijamos la expedición de un código de salud.

"TODO LO DEMÁS LO PODEMOS AJUSTAR CON REGLAMENTOS"


Como ya lo dije, quizá no sean necesarios mas de 20 artículos, para que digamos de manera precisa, clara pero contundente, como será en las próximas décadas, el sistema de protección social que heredaremos a nuestros hijos.

Carlos Felipe Muñoz Paredes
Gerente General
Consultorsalud S.A.
www.consultorsalud.com

LA PEOR ILIQUIDEZ DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

El nuevo gobierno aterriza sobre un paisaje sectorial bastante complejo, en donde los eventos pos emergencia social y declaratoria de inexequibilidad, obligaron al Ministerio de la protección social a la adopción de medidas inmediatas, que no dieron tiempo para la adjudicación de un periodo de transición, y cuyos resultados especialmente financieros son evidentes: un giro del bimestre abril-mayo incompleto a expensas de la falta de gestión de muchísimos alcaldes que dejaron sin clasificar poco mas de 1,4 millones de colombianos respecto de su tipo de subsidio (pleno o parcial) y decenas de miles de traslados congelados, situación que arrastra mas de 100 mil millones de cartera para EPS e IPS.
El Bimestre siguiente Junio - Julio ha sido claramente afectado por la necesidad de firmar contratos digitalmente para un cortísimo periodo de dos meses (cuando la mayoría de alcaldes no poseían este registro), y cuyo balance nos indica que esta fase no está completa pese a que ya se terminó su vigencia, y para agravar el escenario, muchos contratos ya firmados por los alcaldes y EPSS (mas de 300) acaban de ser devueltos por el FOSYGA debido a varias inconsistencias, y aquellos que lograron superar esta fase inicial, se atoran en la validación de la DGAS (declaración de giro y aceptación de saldos), y en la oposición férrea de decenas de alcaldes a autorizar a los nuevos OPERADORES DE INFORMACIÓN (cuya módica gestión supera los 22 mil millones anuales), para que sumerjan sus manos en las cuentas territoriales de salud (cuentas maestras) y procedan a la dispersión de recursos a EPS e IPS.
Estos nuevos agentes sectoriales, denominados por muchos como INTERMEDIARIOS (Compensar, Asocajas, Enlace Operativo y Aportes en Linea), tienen el papel de desarrollar funciones propias de los municipios, pero son pagados con cargo a la UPC-S entregada a las EPS-S, y con su gestión, el flujo de recursos debía ser mucho mas rápido y seguro. Los resultados que a la fecha distan mucho de ese propósito, son los siguientes: Municipios que no han utilizado a los operadores de información han girado el 68% de los recursos, los que si usan los operadores de información han girado el 51%; De los 1.105 municipios solo han girado 526 municipios, lo que equivale al 47%, acarreando pagos pendientes a EPSS e IPS por este bimestre superiores a los $ 400 mil millones adicionales.
Pero quizá a este sombrío panorama, se suma una nube de tormenta todavía mayor, si tenemos en cuenta que el pasado 11 y 12 de agosto, según las normas vigentes, debió haberse realizado el giro ANTICIPADO del bimestre agosto-septiembre, y a la fecha solo se han suscrito las prorrogas de los contrato vencidos en 154 municipios....
Consultorsalud entiende la iliquidez gravísima que atraviesan las EPSS y claro, las IPS públicas y privadas, todos estos actores perjudicados por la nueva reglamentación, la falta de coordinación de los nuevos agentes, los requisitos que debieron ser cumplidos, y la operación tortuga que han aplicado los alcaldes (pese al riesgo que genera sobre la vida de millones de ciudadanos colombianos vulnerables todos), para entregar los documentos correctamente diligenciados y las autorizaciones a los Operadores para generar el pago efectivo a los aseguradores y prestadores.
Consultorsalud espera que no tenga que fallecer algún colombiano, para que el Estado en sus formas nacionales y territoriales gire los recursos de manera completa y oportuna (anticipada) a los actores responsables del aseguramiento, y para que los entes de inspección vigilancia y control aceleren su gestión, y metan en cintura tanta gestión dispersa y mal controlada.
Consultorsalud frente a esta evidencia incontrovertible, apoya la eliminación de los municipios en la cadena de flujo de recursos del Régimen Subsidiado de Salud, y sugiere máxima inspección sobre los Operadores de Información, cuya función podría ser asumida inmediatamente y de manera mas eficaz por el FOSYGA.

MINI-REFORMA A LA SALUD

El Ministerio de la Protección Social, comienza a recuperar el tiempo perdido en materia de reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, muchos de cuyos planteamientos fueron realizados en la generosa discusión de la ley 1122 de 2007, y cuya lista de pendientes, permitió la profundización de la crisis actual.

Comencemos con el Régimen Contributivo, que por primera vez tiene temores por los resultados negativos mensuales que viene atendiendo el FOSYGA, del orden de los 100.000 millones de pesos, que ha consumido las reservas históricas por cuenta principalmente, del desbordamiento de los recobros de servicios NO POS; Si tenemos en cuenta que al menos el 40% de estos recobros (para ambos regímenes) están originados en medicamentos, entonces es coherente (aunque absolutamente tardía) la nueva política de importación paralela de medicamentos, y los nuevos controles a 925 moléculas en la modalidad de libertad regulada, y a los cuales se asignará pronto un precio de referencia.

En el Régimen Subsidiado, definitivamente se ha realizado una REFORMA a su operación integral, comenzando por la incorporación de una contratación electrónica, única municipal y multilateral, que de prosperar (pues tenemos dudas sobre la capacidad tecnológica de muchos entes territoriales), se convertirá en un factor de eficiencia administrativa y fiscal sectorial, ademas de una fuente de impulso renovado al sistema de inspección, vigilancia y control, que se realizaría sobre 1.100 contratos de aseguramiento nacional, y no sobre mas de 30.000 como ocurría hasta el 31 de marzo anterior. El flujo de recursos se ve claramente beneficiado, pues los procedimientos permiten que los giros se realicen sobre una Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), que efectivamente se estará actualizando y validando cada mes (a cargo de las EPSS), y bajo una constancia denominada Declaración de Giro y Aceptación de Saldos (DGAS), que le permitirá a todos los actores evidenciar efectivamente, el cumplimiento de las fuentes de financiación (especialmente el esfuerzo propio de los municipios), y a los aseguradores y prestadores recuperar la liquidez, al recibir recursos anticipados (como siempre se debió garantizar).

Avanza simultáneamente en el Congreso nacional, los debates para convertir en Ley, los nuevos tributos para la salud, que reforzarán el pago de los servicios NO POS (salvamento de la reforma tributaria propuesta en la emergencia social).

Por otro lado, se efectúan reuniones intergremiales, para establecer si efectivamente los recursos disponibles actualmente en el SGSSS (sumando RC, RS y dineros SGP disponibles para población pobre no afiliada) que ascienden a cerca de 22 billones de pesos, podrían redistribuirse para aprobar una prima única, que asegure la prestación del Plan de Beneficios POS a todos los colombianos; Los cálculos actuales nos permiten mencionar que esa UPC de homologación de planes, estaría rondando los $ 490.000, hecho significativo, pues la prima plana actual del RC es de $ 485.000, y la mayor prima plana del RS es de $ 402.000. (Barranquilla prima conurbada de homologación RS)

La Comisión Séptima del Senado, por su parte también ha iniciado la primera ronda de discusiones sobre los que podrían ser algunos de los argumentos de la reforma de la salud, y que incluyen la excisión del Ministerio de la Protección Social, el fortalecimiento del aseguramiento, la actualización del POS, los ajustes a la UPC por la concentración del riesgo de patologías de Alto Costo, el modelo de prestación de servicios de salud basado en la Atención Primaria en Salud (APS), y el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y el control con una Superintendencia Nacional de Salud descentralizada.

Todo esto, representan avances sectoriales, que sin embargo, pueden verse limitados por la gravedad de las carteras, especialmente por la gigantesca deuda de los entes territoriales municipales (deudas POS), y departamentales (deudas NO POS) hacia los aseguradores, que obviamente se transmiten a prestadores, proveedores y trabajadores, que siempre son el eslabón mas débil de esta cadena.

Consultorsalud invita a la revisión de un "Pacto Social", entendido en una versión mas amplia, a la que ha podido conocer propuesta por los prestadores de servicios de salud, y que ademas de considerar al CIUDADANO como el centro del sistema de seguridad social, permita el reconocimiento y pago inmediato de todas las deudas publicas sectoriales, y el comienzo de un nuevo periodo de gestión, al amparo de estas reformas reglamentarias y del nuevo impulso legislativo, en el que debemos todos incorporarnos.

Esta nueva etapa debe caracterizarse ademas por el establecimiento de metas epidemiológicas, y no solo coberturas, y la definición de modelos claros de aseguramiento del riesgo, que garanticen el sostenimiento de la salud, y la detección temprana de patologías, evitando su evolución a enfermedades crónicas, degenerativas y de alto costo, reduciendo los AVISAS y transformando nuestros mapas de bienestar.

Estamos todos invitados OTRA VEZ a construir.

Carlos Felipe Muñoz Paredes

Consultorsalud

El futuro de nuestra salud

He esperado con paciencia para continuar escribiendo sobre la evolución? del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Tras la declaratoria de emergencia social, que buscaba impactar sobre unas evidentes falencias, se colaron una serie de "detalles" que oscurecieron sus alcances, y continuo viendo una interminable cadena de reglamentos, requerimientos y precisiones, que no me dejan tranquilo.
La emergencia social, polarizó aun mas las posturas de los actores que se han opuesto desde siempre a la Ley 100 de 1993, y sublevó innecesariamente a otros, no menos importantes protagonistas de la prestación o recepción de servicios; Los médicos obviamente se lanzaron masivamente a defender su autonomía (en lo que me identifico), sin reconocimiento de sus faltas que han originado por acción u omisión cuantiosos sobre costos al sistema; los familiares de pacientes con enfermedades raras, que como su nombre lo indica son un porcentaje "no asegurable" de la población, hicieron aparecer la emergencia como la antítesis de lo debido; Algunos pacientes con enfermedades de alto costo, dijeron a voz en cuello, que el cáncer ya no estaba cubierto, y no pocos profesionales peor informados que los anteriores, asintieron con preocupación.
Las cerveceras le echaron la culpa a la emergencia para subir $100 cada nueva botella vendida en el país, y los distribuidores de juegos de suerte y azar también resintieron por el nuevo aporte a la salud.
Las EPS brillaron por su bajo perfil, y las IPS públicas enfilaron baterías para documentar a la Honorable Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de las medidas y cruzan dedos de manos y pies, para que el próximo fallo les halle la razón y se desmoroné la emergencia.
Entre tanto el gobierno sigue avanzando en dos proyectos pilotos de universalización de coberturas y homologación de planes de beneficios en Barranquilla y Cartagena, en donde los primeros resultados son auspiciosos, y acometió la tarea de concretar el giro directo a las EPS (saltándose a los entes municipales), y a las IPS (saltándose a las EPS), con la hipótesis (supongo yo) que esta inundación financiera, permitirá que el barco siga a flote, mientras otras medidas emergentes hacen tramite y entregan resultados.
Sin embargo el pago de las gigantescas carteras por servicios NO POS (que fue el detonante de la emergencia), no ha sido resuelto 3,5 meses después de emitida la emergencia, y en cambio los aseguradores y prestadores en todo el país, deben seguir recobrando a los entes departamentales, cuyos ya conocidos y exiguos recursos no alcanzan para este propósito; Los 300.000 millones tramitados antes de la emergencia social, solo se girarán hacia el mes de mayo, y entre tanto la cartera sigue creciendo, amenazando pronto el acceso de los usuarios.
La liquidación de contratos entre municipios y EPS, parece una tarea de la emergencia cumplida sobre el papel, pero sin respaldo en pagos efectivos, podría convertirse en una reclamación judicial que atascaría el flujo de decenas de miles de millones de pesos por varios años mas, en perjuicio no solo de los aseguradores, sino de su red nacional de prestadores, a expensas de un gobierno que inobserva sus obligaciones primarias con el sistema y sus actores.
Y si se cae la emergencia?.
Pues todos a correr porque se necesitaría firmar miles de contratos entre municipios y EPS, y las negociaciones entre EPS e IPS cambiarían debido a que se podría volver a contratar las actividades de PyP por cápita, y los giros directos terminarían volviendo a los interminables tramites territoriales, y se revivirían las interventorías, y se abrirían espacios jurídicos de incertidumbre respecto a la solidez del aseguramiento y sobre las garantías del mismo, y por ende la duda sobre el reconocimiento de las primas en decenas de municipios.
Sumemos a este caos, los múltiples proyectos legislativos que el nuevo congreso presentará tratando de remediar los problemas o de reformar el Sistema.
Aun no puedo identificar en que momento se perdió la ruta del sistema de salud, y este se convirtió en el escenario de pujas entre actores y gremios, en donde todos perdemos y nadie gana. Sigo sin comprender como aseguradores y prestadores no son aliados confiables, y como el gobierno no ha establecido una política publica de prestación de servicios de salud cimentada en la Atención Primaria en Salud y roto toda barrera de acceso a la atención.
Me niego a entender como el Estado, sigue reglamentando para defender a prestadores públicos, cuando estos deberían ser organizaciones élite del sector y en lugar de sobrevivir como lo hacen, resaltar por sus conquistas sectoriales en el mantenimiento del estado de salud de sus poblaciones asignadas.
Será que al Estado le conviene esta absurda confrontación de alguna manera? o será que no ha podido dimensionar las necesidades diversas de esta nación, y aceptar que en muchos sitios la red publica no solo es indispensable sino muy buena, y en otros lugares podría llegar a no ser necesaria, y que entonces están faltando pantalones políticos para defender un modelo bien organizado que no se mida por el número de organizaciones, sino por los resultados estadísticos y epidemiológicos, y no solo por los balances financieros?
Tampoco entiendo como el Estado continua regulando los porcentajes de uso de la prima de aseguramiento por parte de las EPS, y ahora en el colmo de su intervencionismo, se los salta girando directamente a los prestadores, con el absurdo argumento financiero, desdibujando completamente el modelo de aseguramiento que tanto dice abanderar.
Ahora creo que debemos proponer una reforma seria y rápida, que salve los mejores conceptos que se han ido puliendo en los últimos 14 años, que simplifique la operación, perfeccione los controles y haga mas eficiente la gestión, teniendo como núcleo de la misma no las organizaciones, sino los ciudadanos y sus necesidades, sin perder el contexto de los recursos finitos, y la necesidad obligatoria de priorizar dentro del mejor respeto por los derechos fundamentales, que no pueden ser el argumento para abrir agujeros a la coraza de este o cualquier otro navío que pretenda llevarnos a un mejor puerto.
Estaremos expectantes y colaboradores con el proceso.